Desencadenada la crisis, el gobierno consideró que esta no se debía a causas estructurales inherentes a la estructura misma del aparato productivo nacional, y a la política Neoliberal que se estaba implementando, sino que tenía un carácter coyuntural y transitorio que podía ser superado mediante un conjunto de medidas que restaurarían la confianza de los inversionistas, y reanudarían el anterior proceso de crecimiento.

Como complemento de la devaluación, el gobierno publicó una serie de criterios de política económica que solucionarían dicha crisis supuestamente transitoria: 1) Reducir el gasto público en 1.3%; 2) Incrementar en un 10% los precios y las tarifas públicas; 3) Contención salarial. Solo se aceptaría el incremento del 10% ya acordado en Diciembre de 1994.; 4) Privatizar aquellos activos públicos que aún no lo habían sido; 5) Recurrir al crédito de US$18 mil mdd ofrecido por la comunidad internacional, y negociar acuerdos suplementarios con los E.U.A. para obtener un mayor apoyo financiero que el otorgado por la comunidad internacional; y 5) Contener créditos ya otorgados por la banca de desarrollo.

Con las anteriores medidas, el gobierno pretendía lograr los siguientes resultados: 1) Reducir el saldo negativo de la Cuenta Corriente, de US$31 mil mdd a US$14 mil mdd. 2) Reducir en un 4% el consumo final (crecimiento del -3.2% en el consumo privado, y de -4.2% en el público); 3) Una inflación incrementada del 19% (a partir de una que ya se había reducido, como se recordará, al 8% en 1993 -el gran logro Neoliberal); 4) Estabilización del tipo de cambio en N$4.5 por dólar.

El plan anterior fué considerado como insatisfactorio por la comunidad financiera internacional, y el desplome de las Reservas Internacionales, junto con el del peso (N$8 por dólar), continuaba vertiginosamente. Fue cuando se anunció el programa masivo de rescate ya arriba analizado. El 9 de Marzo de 1995 las Secretarías de Hacienda y del Trabajo, y el Banco de México presentaron al público un nuevo Plan modificado de política económica, normado por el gobierno de los E.U.A.: el PARAUSEE (Programa de Acción para Reforzar el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica).

Las medidas adicionales actualmente vigentes, fueron las siguientes: 1) Reducción del gasto público a un 1.6% del PIB; 2) Aumento del IVA en un 50%, del 10% al 15%, y reducción de la tasa de descuento para depreciación a 3%; 3) Incremento de 35% en el precio de las gasolinas, y de 20% en las tarifas eléctricas, con un aumento adicional de 0.8% mensual durante el resto del año; 4) Aumentar el superávit fiscal primario, de 2.3% del PIB en 1994 a un 4.4% en 1995; 5) Limite de N$10 mil millones al crédito doméstico, sin incluir amortizaciones de TESOBONOS 6) Flotar el tipo de cambio en función del comportamiento del mercado de divisas 6) Incremento salarial del 10% en los salarios mínimos a partir de Abril, y libre negociación del resto de salarios. Aumento de bonificaciones fiscales para trabajadores con percepciones de entre 2 y 4 salarios mínimos, junto con una covertura de 2 a 6 meses en los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para desempleados.

Con estas medidas adicionales, el gobierno espera lograr que ahora la inflación sea de 42% en 1995, que el descenso en el PIB sea de -2% en el mismo año (se recordará que ya es de -11.1% en el primer semestre), y que el déficit de Cuenta Corriente sea menor que US$2 mil millones de dólares. De dichos objetivos, como vimos arriba, solamente aquellos propuestos para la Balanza Comercial han sido ampliamente superados. Con relación a los restantes, los sacrificios han sido enormes, sin que realmente se vea una salida relativamente próxima a la crisis.

Ante el evidente y estrepitoso fracaso del proyecto Neoliberal para la mayoría de los sectores sociales que constituyen la sociedad Mexicana, han comenzado a surgir innumerables propuestas alternativas tendientes a proporcionar un viraje decisivo al rumbo actual de la política económica. Desde el PAN y la Iglesia Católica, hasta el PRD y los Zapatistas, pasando por Movimientos Sociales de todo tipo, e inclusive algunos sectores del PRI, parece existir actualmente un amplio consenso de que es imposible continuar con la actual política económica Neoliberal. Solamente Zedillo y su gabinete económico de tecnócratas Neoliberales, con una obstinación digna de mejor causa, parecen seguir creyendo que el único rumbo posible es la actual propuesta Neoliberal arriba esbozada.

Esto no debería sorprender a nadie, ya que el actual gobierno representa básicamente a los exiguos pero poderosos grupos que actualmente detentan las riendas del poder. Siguiendo la tipología hecha por José C. Valenzuela (42), estos grupos están constituídos, en términos generales, por el capital bancario o financiero, el gran capital monopólico industrial exportador, y el gran capital monopólico extranjero.

Los demás grupos sociales, esto es, el proletariado industrial, la burguesía industrial, los sectores agrarios, y las clases medias, serían las perjudicadas por el patrón de acumulación Neoliberal, razón por la cual el economista Chileno Pedro Vuskovic lo calificó como modelo `concentrador y excluyente'. Así, las condiciones están gestándose para forzar eventualmente un cambio de rumbo. El problema entonces sería: ¿Cual rumbo?

A ese respecto, es importante distinguir entre dos grupos de opciones: aquellas, como las del PAN e importantes personalidades, no solo de derecha sino también de centro-izquierda, que preservarían el actual modelo Neoliberal, aunque corrigiendo y modificando algunos de sus peores excesos dentro de un proceso de democratización generalizada de la sociedad Mexicana.

Otras, como las del PRD y la mayoría de los intelectuales, profesionistas, y movimientos sociales independientes, que preferirían descartar totalmente el Neoliberalismo, enrumbando la economía hacia un patrón de acumulación radicalmente diferente del actual.

Con respecto al primer grupo de opciones, las propuestas son innumerables e imaginativas, con la posibilidad de que algunas de ellas, de fracasar el plan Zedillista y existir la suficiente presión social, puedan ser incorporadas al plan gubernamental. El PAN, por ejemplo, propone una renegociación de la deuda externa que reduzca la transferencia de recursos al exterior; un aumento en los precios de las gasolinas y la electricidad similar al aumento porcentual en los salarios mínimos; una anulación del incremento al IVA y un gravamen a las ganancias del capital especulativo; establecer esquemas de cobertura como el del IMSSE a otros programas de bienestar social; que se cuide el lado cualitativo de la reducción de los gastos estatales, eficientizando los mismos; y regular el funcionamiento del sector financiero sujetándolo a compromisos concretos y comprobables. En realidad existe ya, en el caso de Chile, un antecedente concerniente a la introducción de modificaciones al modelo Neoliberal, cuando este entra en crisis. Dicho país comenzó a aplicar políticas Neoliberales desde 1973, mucho antes que cualquier otro país Latinoamericano. Allí, como en México, se desmantelaron los aranceles hasta llegar a uno único de 10% en 1979, mientras que el tipo de cambio de dejó casi inalterado, al nivel del existente en 1974.

En 1982 sobrevino una crisis interna, y de Balanza de Pagos, donde factores exógenos (caída del precio del cobre, aumento en las tasas de interés, y suspensión del crédito externo) también jugaron su papel. Se efectuaron varias devaluaciones discrecionales, para finalmente adoptar un sistema de deslizamiento del tipo de cambio ("reptante") que hizo que el dólar aumentara su precio en un 119% entre 1982 y 1988. La paridad de referencia ya no es el dólar sino una canasta de monedas que determina el valor central del dólar, el cual fluctúa dentro de una banda del 20%.

Por otra parte, el arancel fue de nuevo elevado sucesivamente, hasta alcanzar un nivel de 35% en 1984 (posteriormente se redujo de nuevo, hasta situarse en un 11% en 1991). Se tomaron medidas antidumping y de derechos compensatorios, para proteger la economía de prácticas económicas desleales. Se adoptó un sistema de bandas de precios para algunos productos agrícolas, que permitía desviaciones y variaciones del arancel parejo, según la evolución de los precios internacionales de dichos productos.

Con respecto a las corrientes de capital a corto plazo, estos deben permanecer dentro del país durante un período de tiempo no inferior a un año, y están sometidos a un encaje del 30% en la actualidad.

Como puede verse, el país con la más prolongada experiencia Neoliberal, se vio obligado por una crisis a modificar de una manera importante las reglas del juego, a fin de proseguir -al parecer exitosamente, desde la perspectiva Neoliberal- dicha experiencia. Es muy probablemente lo que puede ocurrir en México, aunque la tozudez Neoliberal y las resistencias de los E.U.A. serán mayores en este caso.

Con relación al segundo tipo de opciones, debe destacarse que el reemplazo del Neoliberalismo por otro tipo de patrón de desarrollo muy probablemente tendrá que ir acompañado por un desplazamiento del grupo político actualmente en el poder. Por otra parte, el tipo de modelo que se implemente dependerá de la coalición de fuerzas que lleve a cabo dicho desplazamiento.

De acuerdo con J.C. Valenzuela (42), básicamente pueden trazarse tres modelos alternativos de crecimiento económico que pueden constituírse en alternativas al Neoliberalismo en la actualidad.

El primero sería el patrón de acumulación secundario-exportador. Tendería a desarrollar las industrias de bienes de capital e intermedios, con técnicas capital-intensivas. Esto hace que su capacidad de absorción de mano de obra sea baja. El objetivo primordial, en última instancia, es el establecimiento de una industria exportadora fuertemente competitiva. Opera con bajos salarios reales, los cuales se logran mediante las acciones autoritarias extraeconómicas de estados usualmente dictatoriales, como fue el caso de los "tigres Asiáticos". Las inversiones requeridas en dicho tipo de industrias elevan sustancialmente el grado de monopolio, creando estructuras oligopolísticas en los sectores exportadores.

El modelo favorece la apertura externa, aumentando el coeficiente medio de importaciones, aunque este aumento es función del incremento en el coeficiente de exportaciones, y del financiamiento externo permitido y programado. La apertura externa es selectiva y gradual, protegiendo sectores que se consideran estratégicos en el largo plazo. Así, las desgravaciones son programadas y sometidas a un calendario especificado.

Contrario a lo que ocurre en el esquema Neoliberal, la intervención del estado en este caso es muy activa. Se regulan la apertura y la presencia del capital extranjero, impidiendo que este último desplace al capital nacional de las ramas estratégicas. Se controla al capital financiero, impidiendo que absorba las ganancias industriales.

En lo que respecta a la distribución equitativa del ingreso, sus preocupaciones son mínimas en sus fases iniciales, ya que usualmente este modelo está asociado con regímenes políticos despóticos. Posteriormente, al registrar éxitos, podrá darse un relajamiento de dicha característica, tomando lugar algún mejoramiento en las condiciones de los sectores de bajos ingresos.

En este modelo, también a diferencia del modelo Neoliberal, la utilización del excedente es fundamentalmente en inversiones productivas, lo que se refleja en altas tasas de crecimiento.
La anterior, en términos generales, parece haber sido la experiencia de los países del Sudeste Asiático, y en menor grado de Brasil en los 60 y 70, y de Chile en la actualidad.

Otra alternativa, que es aquella en la cual se encuadran una gran parte de las propuestas actualmente presentadas por los grupos y personajes independientes (43), es la que Valenzuela designa como la "estrategia capitalista y democrática". Implica una coalicón de la burguesía industrial (CANACINTRA, CONCAMIN, etc.) con las clases medias, la clase obrera industrial, y los agricultores y campesinos. Esta opción basa el crecimiento en una reconstitución y expansión de los mercados internos, a través de una distribución del ingreso más equitativa. Se intentaría incrementar de nuevo la participación de los sueldos y salarios en el ingreso nacional al 35%-40%, nivel que ya tenían en los 70, mediante una redistribución del ingreso que puede tomar distintas formas.

Ahora bien, la probable disminución del excedente resultante de dicha redistribución podría ser compensada con una contracción en los gastos improductivos, a fin de no reducir aún más la tasa de crecimiento. Esto, sin embargo, es incierto, ya que aunque se disminuirían apreciablemente las inversiones especulativas, dicha disminuición se vería compensada por incrementos en los gastos sociales. Así, este modelo no resultaría en las altas tasas de crecimiento que caracterizarían al patrón secundario-exportador, aunque sí podrían ser mejores que las obtenidas en el modelo Neoliberal.

Ahora bien, si el excedente no ha de reducirse apreciablemente, habrá que enfatizar en los aumentos en la productividad del trabajo, particularmente en aquellas industrias que producen bienes de consumo para los asalariados (alimentos, vestuario, habitación,etc.), y la agricultura. En este modelo, el sector exportador y aquel que produce bienes de capital quedan relativamente relegados a un segundo plano, aunque esto no es una fatalidad inexorable. Muchas de las propuestas han tomado nota de esta característica, a fin de tratar de subsanarla mediante políticas adecuadas que, en nuestra opinión son bastante viables. De lo contrario, esta estrategia puede adquirir una gran vulnerabilidad en el mediano y largo plazo, ya que pasaría a depender mucho del financiamiento externo, el cual sería bastante reacio a sustentar este tipo de políticas en el actual contexto de globalización.

Con respecto a la intervención estatal, esta sería bastante amplia, tanto en la regulación de las relaciones económicas externas como en lo relacionado con los aspectos distributivos tales como gastos sociales, servicios de salud y educación, etc. Por otra parte, se acrecentarían las actividades productivas del estado, aunque en esta ocasión -tras las experiencias negativas pasadas, en las que el estado acometía indiscriminadamente todo tipo de actividades productivas- estas estarían claramente delimitadas a áreas estratégicas. Dado que, como las propuestas en esta dirección son bastante numerosas, no detallaremos aquí aspectos específicos de las mismas, limitándonos a anotar que las mismas sí pueden ser viables.

Cabría, sin embargo, destacar un importante aspecto que casi todas estas propuestas tienden a soslayar. En muchas de ellas, particularmente en las más radicales, se insiste en proponer la moratoria de la deuda externa, y el establecimiento de un control de cambios. Aunque no dudamos de la necesidad y justeza de dichas medidas bajo circunstancias extremas, el problema radica en su viabilidad dentro del actual contexto de globalización, tal como lo analizamos en las partes iniciales de este escrito.

En efecto, en la crisis de la Deuda Externa de 1982, era posible plantear la moratoria, pues los acreedores eran bancos internacionales privados y organismos multilaterales. En cuanto a la deuda pública interna, esta tenía como acreedores a mexicanos, y los títulos como TESOBONOS en manos extranjeras era virtualmente inexistente. Hoy en día la Deuda Externa y buena parte de la interna se encuentra en manos de individuos, a través de inversión extranjera en cartera, que normalmente se coloca entre medianos y pequeños ahorradores mediante corredurías. Esto haría que una moratoria fuese más compleja de renegociar posteriormente, y el posible pánico bancario que generaría tendría consecuencias graves difícilmente reparables en el corto y mediano plazo.

En lo que respecta al control de cambios, debe tenerse en cuenta que en 1982 la economía Mexicana era prácticamente cerrada, y las exportaciones de PEMEX representaban casi el 70% del total de las mismas, lo que hacía posible concentrar sin muchas dificultades gran parte de las divisas en manos del estado. Hoy en día, con las exportaciones de PEMEX representando menos de 12% del total, y los ingresos de dicha empresa en condiciones legales de ser embargadas en caso de moratoria, es bastante difícil, por decir lo menos, implementar seriamente un control de cambios.

Es indudable que las propuestas tendientes a democratizar el proceso de acumulación y desarrollo son factibles e imaginativas. Pero quienes las sostienen deben tener en cuenta que su puesta en práctica encontraría serios escollos que requerirían de gran destreza política e imaginación. Por lo demás, es necesario que se tomen en cuenta sus costos sociales, y no se creen ilusiones de que estos serán bajos o nulos.

En general, ya ninguna propuesta insinúa siquiera la posibilidad de un modelo autárquico, ni tampoco se plantea regresar a propuestas estatistas y populistas como las que antecedieron la actual hegemonía Neoliberal. La apertura en una economía mundial globalizada e interdependiente, es un proceso no solamente conveniente sino necesario y vital para un país. Pero, a diferencia de lo que parecen creer muchos ideólogos Neoliberales Latinoamericanos, de lo que se trata no es de buscar una mayor o menor apertura. Se trata de reconocer que la economía globalizada no funciona con mercados perfectos en ninguna de las áreas financiera, comercial y tecnológica, y que debe evitar caerse en el falso dilema entre protección y apertura.

En realidad, lo estratégico es buscar una mejor integración en la economía mundial mediante una liberalización administrada. Las economías Asiáticas, con las cualificaciones que el caso requiere debido a las diferencias en tiempo y circunstancias, podrían dar una pauta, aunque no en el sentido en que hasta la fecha lo entienden los ideólogos Neoliberales Latinoamericanos.

Con relación al sector externo, aunque una moratoria acompañada de un control de cambios no debe ser totalmente descartada en condiciones extremas, lo deseable es una reestructuración de la Deuda de corto y largo plazo, incluyendo la deuda pública "dolarizada" (TESOBONOS). En cuanto a la apertura financiera, esta deberá ser revisada a fin de adoptar una liberalización regulada y selectiva, como la que ya se aplica en otros países.

Una última estrategia mencionada por Valenzuela sería la estrategia de orientación socialista. El autor considera que "debido a los tremendos fracasos que ha acumulado, esta variante estratégica tiende a ser menospreciada"(44). Es decir, que no se encuentra actualmente en el abanico de opciones posibles, dado el derrumbe del llamado "socialismo real". Lo anterior es cierto, aunque mientras existan el capitalismo y sus contradicciones, agudizadas estas últimas por la aplicación de un Neoliberalismo salavaje, siempre existirá la alternativa socialista aunque sea en una forma latente para un futuro lejano. Por lo demás, lo que se derrumbó en los 80 fue un bloque de regímenes estatistas burocráticos, considerados actualmente por muchos como incompatibles con los postulados clásicos del socialismo (45). Por razones de espacio, no abundaremos en este escrito sobre las características que podría tener una estrategia de tal tipo, tras el fracaso de lo que se conoció como socialismo. En realidad, tal tipo de ejercicio es de tipo especulativo e hipotético. Nos limitaremos a observar que las experiencias de la URSS y Europa del Este produjeron resultados igualmente nefastos a los obtenidos por los países que han aplicado el Neoliberalismo sin control de ningún tipo. De proseguir México con el rumbo actual, sin al menos modificar en parte los peores excesos Neoliberales, desembocará en una nueva crisis que muy probablemente dará en traste con el Neoliberalismo en todo el continente. Hasta ahora, es el rumbo suicida que el gobierno del presidente Zedillo está firmemente determinado a seguir, obligado muy probablemente por sus poderosos vecinos.

Arriba