Actualmente, no sería del todo correcto hablar de un "modelo Neoliberal" único, aplicado indiscriminadamente en todos y cada uno de los países de Latinoamericanos, por no hablar de los del "Tercer Mundo" en general. En realidad, hay variantes del mismo que pueden determinar su relativo "fracaso" o "éxito" en el proceso de inserción en la economía global arriba mencionado.

Sobra decir que los niveles de desarrollo económico, las características nacionales resultantes del proceso histórico de cada país, las peculiaridades del sistema político imperante, etc., son elementos que pueden jugar un papel determinante en el funcionamiento del Neoliberalismo, o en el de cualquier otra modalidad de funcionamiento de la economía.

Sin embargo, es posible delinear un conjunto de características generales que pueden considerarse como comunes a los ensayos Neoliberales efectuados en las más importantes economías de América Latina, al menos desde mediados de los 80 (aunque, en el caso de Chile, su aplicación data de 1973-74)

hora bien, dado que los rasgos principales de dicho modelo han sido elaborados y analizados críticamente por destacados economistas en importantes obras (11), consideramos redundante reiterar aquí en detalle observaciones similares sobre los mismos. Nos limitaremos a presentarlos a la luz de la reciente experiencia Mexicana, por cuanto la misma nos puede aportar importantes elementos sobre las fallas fundamentales del Neoliberalismo, que parecen ser bastante serias, y sus limitadas posibilidades de éxito -al menos en la mayoría de los países del área.

1) Primero que todo, debe destacarse que el modelo Neoliberal le asigna una prioridad dominante al sector privado, reduciendo a un mínimo la intervención del estado en la economía. Esta tendencia fue en gran parte inaugurada por los gobiernos de Thatcher y Reagan, en la Gran Bretaña y los E.U.A. respectivamente, y desde entonces la tendencia a nivel mundial ha sido la de un desmantelamiento del llamado "estado benefactor" (welfare state), y un claro rechazo, a nivel práctico y teórico, de los aportes de Keynes a la Teoría Económica.

De hecho, para un economista formado durante la década de los 60, la lectura de la actual literatura económica resulta ser una experiencia extraña, ya que ni siquiera las formulaciones de la "economía del bienestar", en boga por ese entonces en los círculos ortodoxos, llegaba a extremos como los actuales en términos de elogiar la asignación de recursos supuestamente óptima que surge del libre funcionamiento de los mercados.

n efecto, en dicho cuerpo teórico se consideraba la posibilidad de "fallas de mercado" que hacían necesaria la intervención del estado, cuando existían externalidades de consumo y producción; cuando dominaban estructuras de mercado oligopolísticas -mercados "imperfectos", que por lo general son la norma-; y cuando se establecían sectores que podían ser considerados como "bienes públicos"( dado que su consumo era colectivo y no se aplicaba allí el principio de exclusión propio del mercado). En la literatura actual, virtualmente la única intervención del estado que se acepta es la del mantenimiento del orden público.

En general, durante las dos últimas administraciones (De la Madrid y Salinas) se ha hecho un esfuerzo consciente en eliminar los controles y regulaciones del estado, suprimiendo los subsidios y los controles de precios. Se favorecen impuestos indirectos de tipo regresivo, como el IVA, desmontando dentro de lo posible la tributación directa, ya que esta se considera como un desincentivo a los ahorros privados. Por lo general, se supone que estos se invierten en su totalidad, de acuerdo con lo postulado teóricamente por la literatura prekeynesiana ortodoxa. Se ha procedido a privatizar y desincorporar a las empresas paraestatales, incluyendo aquellas consideradas como estratégicas para un proyecto nacional independiente (En la actualidad, solo quedan por privatizar PEMEX, la Comisión Federal de Electricidad, y los Ferrocarriles Nacionales). El resultado, sobra decirlo, dista mucho de ser una óptima asignación de recursos escasos para satisfacer fines alternativos, donde todo consumidor maximiza su utilidad, y se asegura la plena utilización de todos los recursos, con estos obteniendo a su vez el valor de su producto marginal.

Los resultados, como lo veremos luego, han sido en la mayoría de los casos, serias distorsiones en el patrón de inversiones, ya que aquellas en los sectores productivos tenderán a descender sustancialmente (ante la falta de una política industrial), y a dirigirse hacia los sectores improductivos-especulativos, que usualmente son los más rentables. La consecuencia es un descenso apreciable en las tasas de crecimiento, una caída notoria en los niveles de empleo, y un empeoramiento de la distribución del ingreso resultante de la desaparición de las redes de protección social y de la tributación productiva.

2) Como corolario de lo anterior, se propone como meta clave de política económica el "saneamiento fiscal", es decir, la reducción (y, si posible, la eliminación) del déficit fiscal a un muy reducido porcentaje del PIB. Por lo general, esto se efectúa recortando los gastos sociales (educación, salud, etc.), vendiendo las empresas paraestatales, y eliminando subsidios de todo tipo. También se recortan las inversiones públicas en infraestructura, fomento agropecuario, desarrollo energético, fomento industrial, etc., desdeñando el impacto negativo que esto pueda producir en la planta productiva; en la capacidad exportadora misma, y en las bases del desarrollo futuro del país. No se tocan para nada los pagos por concepto del servicio de la deuda interna y externa, tomando lugar así una redistribución del ingreso a favor de los tenedores de títulos de deuda pública.

n lo que respecta a las percepciones tributarias, las reformas al sistema impositivo apuntan por lo general hacia impuestos indirectos de carácter regresivo, como el IVA, contribuyéndose así al empeoramiento de la distribución del ingreso. Se procura reducir o eliminar las tasas impositivas directas a los altos ingresos, particularmente las ganancias del capital. Se cree que en esta forma aumenta el ahorro privado interno, regresándose así a posiciones prekeynesianas que se creían ya superadas.

En general, toda esta posición descansa mucho en el llamado "Enfoque Monetario de la Balanza de Pagos"(12), el cual le atribuye los problemas de la Balanza de Pagos -vistos como disminuciones en las Reservas Internacionales- a un incremento excesivo en el crédito doméstico (privado y público). Como quiera que los déficits gubernamentales son financiados con créditos públicos, estos deben reducirse sustancialmente. De lo contrario, el exceso de oferta monetaria provocado por dichos créditos se canalizará hacia la compra de divisas (a fin de adquirir bienes y servicios importados e invertir en activos en el exterior), con la consecuente disminución en las reservas internacionales.

Como se verá luego, subyacente tras las disminuciones en las reservas internacionales, hay algo más que la simple expansión del crédito doméstico resultante de los déficits fiscales. De hecho, durante el período Salinista México tuvo superávits fiscales, y fueron otros factores los que causaron la desastrosa disminución de sus reservas internacionales en Diciembre de 1994. El principal de ellos, como ya es hoy ampliamente reconocido, fueron los cuantiosos saldos negativos de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos, que no pudieron seguir siendo financiados con flujos especulativos de capital de corto plazo. Dichos déficits pueden ser causados por razones estructurales que los Neoliberales soslayan en sus modelos.

De hecho, como lo demuestra convincentemente Arturo Huerta en sus obras arriba citadas -véase nota (11)-, las políticas Neoliberales son incapaces de compatibilizar el ajuste fiscal (reducir o eliminar el déficit fiscal) con el ajuste del sector externo (obtener saldos Comercial y de Cuenta Corriente favorables).

Si se tiene como meta favorecer el sector externo mediante un tipo de cambio en deslizamiento y altas tasas de interés (1982-1988), esto incrementa el servicio de la deuda pública externa e interna, contrae la actividad económica y los recaudos tributarios, y resulta en elevados déficits públicos y altos niveles de inflación.

or otra parte, si se prioriza el equilibrio fiscal (1982-1994), se privilegia la lucha antinflacionaria mediante tipos de cambio fijos y sobrevaluados, y bajas tasas de interés, trayendo esto grandes déficits comerciales y de Cuenta Corriente. Cabe anotar que los dos tipos de desequilibrio se retroalimentan mutuamente.

Dado que las experiencias de las dos administraciones anteriores han sido profusamente analizadas e ilustradas estadísticamente en las obras arriba citadas, nos referiremos a la experiencia posterior al estallido de la crisis cambiaria y financiera de Diciembre de 1994. Aunque la información estadística disponible es aún bastante preliminar e incompleta, es posible establecer tentativamente las siguientes tendencias:

) Al igual que la administración De la Madrid (1982-1988), se la dará prioridad a la obtención de un sustancial superávit en las cuentas Comercial y Corriente de la Balanza de Pagos, a fin de cumplir con los compromisos financieros de corto plazo con los inversionistas extranjeros, particularmente con los poseedores de TESOBONOS. En esta oportunidad, sin embargo, las exportaciones parecen haber reaccionado más positivamente que durante el período 1982-1988. Por lo demás, se cuenta ahora con los fondos de "rescate" de la Administración Clinton.

b) Los recortes presupuestales, como en la anterior experiencia, han sido indiscriminados y sustanciales en todas aquellas partidas que no signifiquen pagos de obligaciones financieras externas, tal como lo ilustra la Tabla # 2

Del lado de los ingresos, no obstante el incremento del IVA en un 50%, las recaudaciones tributarias bajaron en un 12,7% con relación al mismo período durante 1994, y tal caída es solo compensada por un aumento en las percepciones no tributarias, debido a que el precio promedio del petróleo exportado aumentó en un 37.5%. Es decir, que la corrección fiscal no descansa en un aumento de los ingresos tributarios.

Tampoco en una racionalización del gasto, ya que todos sus componentes se contrajeron notoriamente, salvo el pago de intereses.

En lo que respecta a los gastos programables, los directos cayeron en un 24.9%, mientras que las transferencias descendieron en un 12.6%. De los directos, el grueso de la caída corresponde a los gastos de capital (72.0%), aunque los corrientes también descienden en un 11.5% con relación al mismo período en 1994. Lo anterior es preocupante, ya que la mayor parte del descenso en los gastos de capital corresponde, según la SHCP, a la inversión física, que se desplomó en un notorio 72.4%.

En cuanto a las transferencias, como por ejemplo los aportes a la educación básica en los estados, estas decrecen en un no despreciable 12.6%.

Coexistiendo con los anteriores recortes, se observa un aumento en los pagos por concepto de intereses de la deuda pública. Con respecto a la deuda interna, el último reporte de la gerencia del Mercado de Valores del Banco de México informó que esta había disminuido en N$23.978.86 millones (15.56%), al pasar el saldo de los valores en circulación de N$164.653.1 millones el 31 de Diciembre de 1994 a N$140.674.24 millones el 6 de Julio. Por esta razón, los pagos de intereses por concepto de la misma disminuyen con relación a los efectuados durante el mismo período en 1984. En cuanto a los pagos por deuda pública externa, estos aumentan en un notable 78.4%, a causa de las alzas en las tasas de interés internacionales y la devaluación. (Cabe anotar, sin embargo, que de acuerdo con el mismo reporte, la tenencia de valores gubernamentales por parte del extranjero se redujo sustancialmente, al pasar de más del 70% al cierre del año anterior a 48.95% en la primera semana de Julio, lo que se explica por la considerable reducción de la tenencia de TESOBONOS en su poder.)

Así, el ajuste fiscal para un trimestre, se ha logrado mediante apreciables recortes en inversiones y gastos sociales, y aumentos en impuestos regresivos como el IVA. Esto, desde luego, influirá en la capacidad productiva y exportadora del país en el mediano plazo, aspecto que soslayan los Neoliberales al concentrar su atención en obtener un precario equilibrio macroeconómico fiscal con el propósito de satisfacer a sus acreedores. Como lo veremos luego, el impacto de tal política en los niveles de actividad económica y empleo ha sido verdaderamente devastador y difícilmente reparable.

3) Uno de los pivotes básicos de la versión Latinoamericana del Neoliberalismo es la liberación del comercio exterior, a través de la reducción brusca y repentina (y eventual eliminación) de las restricciones arancelarias y no arancelarias.

Ahora bien, contrariamente a la creencia bastante generalizada de que las liberalizaciones Latinoamericanas han sido procesos equiparables a las aperturas de las economías exportadoras de Asia (República de Corea, Taiwán, Hong Kong, Singapur, y, recientemente, Indonesia, Malasia y Tailandia), estas experiencias han tenido un corte radicalmente diferente.

Según los economistas M. Damill y S. Keifman (13), debe establecerse una diferencia clara entre "apertura" y "liberalización": una apertura se refiere a un conjunto de políticas de largo plazo, destinadas a orientar la economía hacia los mercados internacionales, en una dinámica liderada por las exportaciones. Por otra parte, una liberalización consiste en el desmantelamiento de la protección, indiscriminadamente y en el corto plazo, en un proceso liderado por las importaciones.

Partiendo de dicha distinción, Manuel R. Agosin y Ricardo Ffrench-Davis anotan que "La mayor diferencia entre las liberalizaciones en países latinoamericanos y las aperturas en el Asia radica en que, mientras que la mayoría de los ensayos liberalizadores en América Latina se realizaron en forma brusca y con un Estado pasivo, en las economías asiáticas la apertura fué un largo proceso, liderado por el estado, de construcción de un aparato productivo orientado hacia los mercados internacionales. Cuando se liberalizaron las importaciones en el Asia, la transformación estructural ya había sido lograda y las exportaciones exhibían un prolongado dinamismo. A ello se agregaba, en general, una situación macroeconómica equilibrada y una inversión notoriamente más alta. En contraste, en América Latina las liberalizaciones drásticas de las importaciones se llevaron a cabo al inicio de las estrategias de internacionalización, y con frecuencia coincidieron con procesos de estabilización y con una baja tasa de formación de capital."(14)

En el caso concreto de México, este era un país caracterizado en 1983 por someter todos los rubros de importación a permisos previos de importación, dada la política de cumplir a todo costo con sus compromisos de Deuda mediante un aumento sustancial de su saldo de Balanza Comercial. Como se recordará, la caída de los precios internacionales del petróleo y el colapso de los créditos externos llevó a México a un plan de "choque", en 1982, que constituyó, en realidad, la preparación para el "despegue" del modelo Neoliberal en 1988.

Hacia 1984 solo se controlaban ya el 65% de las importaciones, y al año siguiente se eliminó casi totalmente el sistema de permisos previos, pues solo se controlaban mediante tal sistema el 10% de los rubros.

En 1986 México ingresó al GATT (Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio), y en 1987 se procedió a profundizar y ampliar la apertura, reduciendo aún más los aranceles. Ya para 1990 tan solo el 1.7% de las importaciones seguían bajo el régimen de licencia previa, representando el 14% de las importaciones totales. Según datos de la Secretaría de Comercio, citados por Arturo Huerta (15), La tarifa arancelaria media es de 13.1% y la ponderada es de 9.5%. Agosin y Ffrench-Davis, por su parte, muestran que durante el período comprendido entre 1985 y 1992, el arancel máximo bajó de 100% a 20%; el arancel promedio descendió de 24% a 12%, mientras el número de tramos arancelarios se redujo de 10 a 3 (16). Procesos similares tomaron lugar en otros países del continente.

Ahora bien, es evidente que en el contexto mundial actual, era insostenible continuar con un patrón de acumulación como el que predominó en Latinoamérica, basado en una industrialización sustitutiva de importaciones. Su agotamiento era ya obvio a finales de los 60.

Fue en gran parte una política de proteccionismo indiscriminado de cualquier bien que se pudiera producir internamente. El resultado, como lo destacan Agosin y Ffrench-Davis, "era que, al final, no se sabía qué se estaba incentivando ni con qué propósitos [Ffrench-Davis, R.(1986): "Import Liberalization: The Chilean Experience, 1973-1982", Valenzuela, S., y Valenzuela A., (Eds.), Military Rule in Chile, Baltimore, John Hopkins University Press.]. Como anotan Fritsch y Franco [Fritsch, W., y Franco, G.,(1993): "The Political Economy of Trade and Industrial Policy Reform in Brazil in the 1990s", CEPAL, mimeo, p. 32], la protección generalizada puede terminar no protegiendo cosa alguna en particular, amén de ser muy costosa. Las políticas proteccionistas pasadas, tanto en América Latina como en otras regiones, tendieron a ser aprovechadas por intereses privados que buscaban ingresos fáciles (...) se tendió a constituir estructuras industriales poco competitivas en el mercado internacional que siguieron dependiendo indefinidamente de la protección gubernamental"(17).

Efectivamente, como profusamente lo ilustra la literatura al respecto, lo que surgió fueron estructuras industriales oligopólicas sobreprotegidas, produciendo a altos costos para mercados cautivos internos. Por lo general, como es particularmente fehaciente en el caso de México, el valor de los insumos importados por dichas industrias superaba el valor de sus exportaciones, siendo la diferencia subsidiada por el sector exportador -usualmente el agropecuario y/o el minero-, mediante tipos de cambio fijos bastante sobrevaluados. Como bien es sabido, este patrón de acumulación entró en crisis a finales de los 60. Desde entonces, se reconoce que una mayor competitividad y una inserción adecuada y dinámica en los mercados internacionales es una condición fundamental para obtener un crecimiento sostenido.

Pero deducir de lo anterior que la solución es el tipo de liberalizaciones abruptas e indiscriminadas que se han efectuado en Latinoamérica es un craso error. Para que se tenga realmente una apertura, y no una simple liberalización a secas, se requiere que el aumento en el valor agregado generado por las nuevas actividades exportadoras supere el descenso en el mismo resultante de la eliminación de las industrias dedicadas a la sustitución de importaciones que sean ineficientes. Lo anterior implica un incremento neto en el valor agregado generado por el sector usualmente conocido como productor de bienes comercializables o intercambiables, esto es, los exportables y los que compiten con las importaciones.

Si se prosigue una liberalización abrupta y desordenada que lleve a la rápida desaparición de las industrias sustitutivas de importaciones debido a la competencia indiscriminada de los productos importados, entonces las nuevas exportaciones no podrán compensar dichas pérdidas, y el valor neto generado por el sector productor de bienes comercializables descenderá, trayendo como resultado una caída en el PIB y en el empleo.

Así, de lo que se requiere es de una política industrial (capacitación laboral, mejoramiento de la infraestructura, información adecuada sobre acceso a mercados internacionales, mercados de capitales productivos a largo plazo, incentivos a la innovación tecnológica, inversiones adecuadas en Investigación y Desarrollo, etc.) que lleve a que las exportaciones arrastren positivamente al resto de la economía. Esto implica una política a largo plazo de intervención consciente por parte del estado, como la que se prosiguió en el sudeste asiático (18), que lleve al establecimiento de un sector exportador diversificado y con un alto contenido de valor agregado, basado en aumentos sostenidos en la productividad del trabajo en vez de salarios reales en descenso o un deslizamiento devaluatorio continuo.

Ahora bien, los anteriores criterios no fueron precisamente los que predominaron en las liberalizaciones comerciales Latinoamericanas. Por el contrario; lo que predominó allí fue un criterio fundamentalmente ideologizado, tendiente a eliminar la intervención del estado en el proceso. Nunca se elaboró realmente una estrategia de apertura, sino que esta fue unilateral y sin contraparte, es decir, se dejó de lado el concepto de "neutralidad", que implica establecer a las actividades de exportación de un país mecanismos de apoyo y promoción equivalentes a los otorgados a actividades similares por parte de sus socios comerciales en el proceso internacional de intercambio (19).

Se partía de la existencia de una economía mundial abierta y dinámica, y no de una con fuertes elementos proteccionistas; relativamente estancada, y polarizada en bloques regionales.

Se suponían ventajas comparativas estáticas en la asignación de recursos, lo que llevaba a tratar de obtener ganancias de corto plazo concentrándose en los mercados menos dinámicos y de menor innovación tecnológica.

Dado el anterior marco de referencia, los resultados esperados por los Neoliberales eran muy similares a los obtenidos en los libros de texto sobre Comercio Internacional, guardadas las proporciones.

En general, los mercados sin cortapisas y la operación de la "Ley de las Ventajas Comparativas", en un contexto armónico de apertura y globalización como al que en la actualidad supuestamente se tiende en el planeta, llevarían eventualmente a un patrón de especialización y división internacional del trabajo donde cada nación exportaría aquellos rubros que su dotación relativa de factores productivos (la cual, en los textos actuales, se reconoce como cambiante y no estática) le permita producir más eficientemente. En un intercambio generalizado así determinado se beneficiarían los consumidores de todos los países participantes en el mismo, y tendería a predominar para todos los bienes y servicios, y para todos los activos, la "Ley del Precio Unico", de acuerdo con la cual precios y rendimientos de los mismos tienden a igualarse en todos los países, dadas las tasas de cambio predominantes.

Se confía firmemente en que estos procesos de liberalización alterarían el patrón de industrialización, lográndose mejores niveles de competitividad y productividad en el contexto de los mercados internacionales.

La eliminación del proteccionismo en todas sus formas llevaría a que la libre entrada de productos importados propiciara un proceso de competencia que obligaría a las industrias nacionales (surgidas en los 50 y 60 como resultado del proceso de industrialización basado en la sustitución de importaciones) a modernizar sus plantas sobreprotegidas y quedar en condiciones de exportar.

Esta política también permitiría la importación de insumos técnicamente superiores, los cuales contribuirían a aumentar los niveles de productividad y calidad de los productos nacionales, colocándolos a niveles competitivos internacionales y promoviéndose así las exportaciones. El establecimiento del TLC acentuaría este proceso.

Lo que ha ocurrido en la realidad ha sido bien diferente. Si bien es cierto que las exportaciones han aumentado apreciablemente, pasando de 24.055 mdd (millones de dólares) en 1982 a 60.833 mdd en 1994 -un incremento del 153% en 12 años-, las importaciones se han incrementado de 17.011 mdd en 1982 a 79.375 mdd en 1994, un no despreciable aumento del 367% durante el mismo período, que más que duplica el aumento de las exportaciones(20). Este déficit en la Balanza Comercial, y el concomitante déficit en la Cuenta Corriente, fue financiado mediante un gran flujo de capitales especulativos de cartera de corto plazo, atraídos por los altos rendimientos ofrecidos por el mercado financiero Mexicano. Como lo analizaremos luego, era un esquema frágil en extremo -como lo advirtieron a su debido tiempo innumerables investigadores, sin que los Neoliberales tomaran nota(21). Por el contrario, estos se limitaron olímpicamente a rechazar dichas críticas, calificándolas como "mitos geniales"(Ex-Secretario de Hacienda Pedro Aspe).

No sería descabellado aseverar que, en términos teóricos, lo que operaba era una especie de esquema Ponzi a nivel internacional(22), con las consecuencias que eran de esperarse del mismo.

4) En el Neoliberalimo Latinoamericano, particularmente en su versión Mexicana, la lucha antiinflacionaria se erige en la meta prioritaria, si es que no en la única, de toda la política económica gubernamental. De hecho, todas las consideraciones referentes a metas de crecimiento, distribución del ingreso, niveles de empleo, etc., quedan supeditadas y condicionadas a la obtención de niveles de inflación similares a los dominantes en los principales socios comerciales, más concretamente en los E.U.A. Ciertamente, los tiempos políticos determinados por el apresurado ingreso al TLC tuvieron mucha influencia en la toma de dicha decisión.

En este caso, sin embargo, los teóricos Neoliberales trastocan todo el pensamiento existente sobre instrumentos y objetivos de política económica, precisamente por su rechazo a aceptar un papel activo y regulador del estado en dicho ámbito.

En efecto, de acuerdo con un conocido "teorema"(22) de política económica, el número de metas a obtener (niveles de ahorro, de empleo, de crecimiento, patrones de distribución del ingreso, etc.) debe ser menor o igual al número de instrumentos de política económica (tasas de impuestos, gastos gubernamentales de diferentes tipos, etc.) de que dispone el gobierno. Cuando esto no ocurre, y el número de objetivos excede el de instrumentos de política económica (un número de ecuaciones mayor que el de incógnitas), entonces el sistema es incoherente y no tiene solución matemática, es decir, el plan económico del gobierno tiene demasiados objetivos en todos los ámbitos imposibles de cumplir con los instrumentos fiscales y monetarios disponibles. (Se sostiene que tal es el caso de gobiernos de corte populista, dentro de los cuales se catalogan los de Allende en Chile y Alan García en Perú).

Por el contrario, cuando las metas son limitadas y los instrumentos de política disponibles al gobierno exceden a las mismas (un número de ecuaciones menor que el de incógnitas), ocurre lo contrario: el gobierno cuenta con un amplio margen de maniobra para implementar su programa económico, pues en este caso el número de soluciones es infinito. Por último, cuando el número de metas e instrumentos es igual (un número de ecuaciones igual al de incógnitas), entonces la solución es única, y el gobierno no cuenta con márgenes de maniobra, aunque sí puede cumplir con sus proyectos.

Independientemente de la validez explicativa del teorema en cuestión, en el paradigma Neoliberal tal tipo de formalidades son simplemente irrelevantes, ya que se le deja al mercado la obtención de los objetivos de política económica, y se procede a regular únicamente el tipo de cambio. Por lo tanto, la meta es única: una tasa de inflación de menos de dos dígitos; y los instrumentos son dos: un tipo de cambio antiinflacionario fijo y el libre juego de las fuerzas del mercado.

En este caso, el estado ha declinado voluntariamente su papel de regulador de las variables económicas, y pasa a asumir un papel pasivo. En consecuencia, la determinación de las metas de política económica pasa a ser un asunto exógeno, regulado por el mercado internacional.

Tenemos, así, que el Neoliberalismo en el terreno de la política económica -si es que no en todos los terrenos-, implica el eclipse de la razón, al declinar el papel activo del estado en la elaboración e implementación de un proyecto coherente de política económica discrecional. Los resultados están a la vista: unos logros antiinflacionarios efímeros, que se evaporaron cuando las fuerzas exógenas del mercado especulativo internacional determinaron una salida abrupta de capitales de corto plazo que dieron rápidamente en traste con lo que se suponía que era uno de los mayores logros de la administración Salinista-Neoliberal.

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